Varapalo judicial al PSOE de Mota
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha ha anulado el decreto de la Alcaldía del PSOE por el que en 2019 no aplicó a las y los trabajadores municipales los efectos económicos de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Pleno.
Aquel decreto, adoptado por el aún concejal y senador Alfonso Escudero, ha sido anulado por no ser conforme a derecho incurriendo en nulidad radical –tal y como ya advirtió IU Mota en su momento- Esta ilegalidad radica en que el Tribunal entiende que ni el Alcalde, ni la junta de gobierno de concejales socialistas, eran competentes para limitar los efectos económicos de las nóminas de los trabajadores, debiendo haber sido el Pleno Municipal quien hubiese establecido las limitaciones que pudieran corresponder en los presupuestos municipales o, en su caso, la ejecución en varios ejercicios.
Las repercusiones de esta decisión arbitraria –y hoy sabemos que ilegal- están aún por conocer, pues la consecuencia directa de aquel decreto aprobado en 2019 por la alcaldía en manos del PSOE, después de haber expulsado a IU del gobierno, fue que decenas de trabajadores no vieran actualizadas sus retribuciones salariales conforme a la RPT del Ayuntamiento, habiéndose generado además costes económico- jurídicos en la tramitación del contencioso.
Tuvo que ser el nuevo gobierno de Unidas por Mota, ante la negativa del PSOE de enmendar su posición mientras se mantuvo en el poder, el que llevara a pleno los acuerdos aclaratorios de la RPT regularizando la situación que el PSOE había dejado embarrada y paralizada, y que tampoco el PSOE apoyó en el pleno en su afán por boicotear y paralizar la RPT y al gobierno de Unidas por Mota.
Ahora, esta sentencia de anulación por parte del TSJCLM que declara nulo los decretos y acuerdos de la junta de gobierno del PSOE podría tener graves consecuencias económicas que sí tendrán que soportar todos los vecinos de Mota del Cuervo, como consecuencia de las actuaciones de los concejales socialistas para intentar boicotear sin base legal ni jurídica un acuerdo de pleno.